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El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que establece límites claros en recursos de casación penal relacionados con resoluciones de sobreseimiento, enfatizando que solo se examinarán cuestiones jurídicas y no valoraciones probatorias. 

Sentencia 1192/2024 del Tribunal Supremo

En su reciente fallo, el Tribunal Supremo, a través de la sentencia 1192/2024, de 27 de enero de 2025, ha reafirmado que el recurso de casación penal contra decisiones de sobreseimiento se limita a la revisión de aspectos jurídicos. Este pronunciamiento se deriva de un recurso presentado por el Ministerio Fiscal en respuesta a un auto de archivo emitido por la Audiencia Provincial de Las Palmas, en un caso relacionado con presunta prevaricación urbanística.

Contexto del caso

Los hechos en cuestión se originan en una investigación penal que involucra a varios concejales de un municipio en Canarias, quienes fueron acusados de otorgar una licencia de primera ocupación que supuestamente contravenía la normativa urbanística. Tras la fase de instrucción, el juzgado decidió transformar las diligencias en un procedimiento abreviado. Sin embargo, durante la apelación, la Audiencia Provincial revocó esta decisión y decretó el sobreseimiento del caso.

Argumentos del Ministerio Público

El Ministerio Fiscal sostenía que el sobreseimiento debía considerarse libre, conforme al artículo 637.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), argumentando que la Audiencia había desestimado la existencia del delito por falta de tipicidad. En este sentido, solicitaba al Tribunal Supremo que revisara si se había aplicado correctamente la ley penal sustantiva, haciendo referencia a los artículos 320 y 404 del Código Penal.

Decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, sin embargo, desestimó el recurso presentado por la Fiscalía. La Sala determinó que, aunque el auto de la Audiencia contenía elementos jurídicos, su fundamento principal se basaba en la falta de pruebas suficientes para establecer el elemento subjetivo del tipo penal, que implica el conocimiento de la injusticia por parte de los concejales. Este aspecto, según el Tribunal, pertenece al ámbito fáctico y no puede ser objeto de revisión en casación.

Función del Tribunal Supremo

La Sala subrayó que su función no consiste en revaluar pruebas, sino en garantizar la correcta aplicación del Derecho penal a los hechos que han sido acreditados por las instancias inferiores. En este sentido, el Tribunal Supremo aclaró que la delimitación de los hechos basados en indicios y su evaluación son responsabilidades de los tribunales de instancia, y que su intervención se limita a determinar si, de acuerdo con la ley, esos hechos constituyen un delito.

Requisitos para la prevaricación administrativa

El Tribunal también recordó que, para que se configure el delito de prevaricación administrativa, no solo es necesaria la ilegalidad, sino que debe existir arbitrariedad y dolo directo. No es suficiente que la resolución sea irregular; debe haberse dictado con conocimiento de su injusticia. Ante la falta de pruebas que confirmaran un actuar doloso por parte de los concejales, el sobreseimiento fue considerado procedente.

Costas del recurso

Finalmente, el Tribunal Supremo determinó que las costas del recurso serían asumidas de oficio, dado que el recurso había sido interpuesto por el Ministerio Fiscal. Con esta decisión, se cierra un caso en el que el control penal no encontró suficientes fundamentos para avanzar más allá de la fase intermedia del procedimiento.