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Constructor condenado a trece meses de prisión por estafa en la instalación de una vivienda modular
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de fecha 31/03/2025, nº recurso 13/2024.
La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca ha resultado en la condena de un constructor por estafa, tras defraudar a un cliente durante el proceso de contratación y ejecución de una vivienda modular móvil. Además de la pena de prisión impuesta, el condenado deberá abonar una indemnización significativa a la víctima, lo que subraya la gravedad de los actos cometidos y su impacto en los afectados.
Detalles del caso
El tribunal ha dictado una pena de trece meses de prisión para el propietario de una empresa dedicada a la construcción e instalación de viviendas modulares. En mayo de 2019, el acusado firmó un contrato con un cliente para la instalación de una casa en una parcela ubicada en la provincia de Salamanca. A pesar de haber recibido pagos anticipados que suman un total de 20.300 euros, los trabajos apenas comenzaron y la obra quedó inconclusa. Según la resolución judicial, únicamente se realizaron tareas parciales, como la cimentación y las acometidas básicas.
Simulación de intenciones contractuales
La Sala ha determinado que el acusado nunca tuvo la intención genuina de cumplir con el contrato establecido. El tribunal ha señalado que, a pesar de ser consciente de sus problemas económicos y de un historial de incumplimientos, aceptó nuevos encargos, engañando al cliente con un aparente compromiso contractual. Esta conducta, según los magistrados, trasciende el ámbito civil y se clasifica como un delito penal, dado que se llevó a cabo con suficiente engaño para constituir una estafa.
Pruebas y testimonios
La decisión judicial se fundamenta en los testimonios de dos personas que también fueron afectadas por situaciones similares. Estas declaraciones corroboran la existencia de un patrón fraudulento en las operaciones del acusado. El tribunal ha destacado que se utilizó un método repetido de captación de fondos, seguido del abandono de las obras, a pesar de no contar con los recursos materiales y económicos necesarios para cumplir con lo prometido.
Indemnización y posibilidad de recurso
El fallo incluye una indemnización de 25.620,76 euros a favor de la víctima, que abarca tanto los pagos directos realizados al acusado como los gastos adicionales incurridos en el intento de regularizar la instalación, tales como honorarios de arquitecto y tasas municipales.
