Noticias legislación

La reciente condena de una directora financiera en Valencia por un fraude recuerda la importancia de la vigilancia en las prácticas contables y la necesidad de auditorías internas efectivas. La sentencia, que incluye una pena de prisión y la obligación de indemnizar a la empresa afectada, destaca las consecuencias legales de las acciones fraudulentas en el ámbito empresarial.

Condena por desvío de fondos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto una condena de dos años de prisión a una directora financiera, quien desvió un total de 154.536 euros de la empresa frutícola donde trabajaba. 

Transferencias fraudulentas a cuentas personales

Entre junio de 2017 y junio de 2019, la acusada llevó a cabo 41 transferencias bancarias que suman 114.774 euros, las cuales fueron dirigidas a cuentas de su propiedad y a cuentas compartidas con su esposo. Estas transferencias fueron presentadas como pagos a la Agencia Tributaria, pero se realizaron sin el conocimiento de la empresa y bajo la apariencia de gestiones fiscales normales.

Uso de cheques falsificados

Adicionalmente, entre octubre de 2018 y junio de 2019, la condenada emitió 50 cheques y pagarés al portador, utilizando una firma falsificada del administrador de la empresa. Esto le permitió cobrar estos documentos en su propio beneficio. Cuando el banco detectó irregularidades, solicitó explicaciones a la acusada, quien respondió enviando correos electrónicos con justificantes falsos de pagos a Hacienda, así como una carta apócrifa del administrador.

Auditoría que reveló el fraude

La empresa había notado previamente ciertas irregularidades en el desempeño laboral de la directora financiera, lo que llevó a que esta solicitara su baja voluntaria. Sin embargo, en mayo de 2019, una auditoría interna descubrió desajustes contables y fiscales que confirmaron el desfalco. Este informe fue crucial para el inicio del procedimiento penal en su contra.

Consecuencias legales de la condena

La sentencia impone a la acusada no solo la pena de prisión, sino también el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la empresa con la cantidad defraudada, más los intereses correspondientes. Esta resolución judicial es firme y cierra un caso que ilustra la aplicación de los artículos del Código Penal relacionados con la estafa (arts. 248 y ss.) y la falsedad documental (arts. 390 y ss.).