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El Consejo de Ministros ha dado un paso en la modernización del sistema judicial español al aprobar el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim). Esta nueva legislación, que reemplaza a la vigente desde 1882, tiene como finalidad adaptar el proceso penal a los estándares constitucionales y europeos, mejorando las garantías para los ciudadanos y la eficiencia del sistema judicial.

Modernización del proceso penal

La LOECrim representa un cambio en la estructura del proceso penal, siendo la primera ley que otorga al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales, bajo la supervisión de un juez de garantías. Este enfoque busca fortalecer la independencia y objetividad del Ministerio Público en la investigación de delitos.

Investigación dirigida por el Ministerio Fiscal

La reforma establece un modelo procesal tripartito. En este nuevo esquema, el fiscal será responsable de la investigación de los delitos, mientras que un juez de garantías se encargará de supervisar la legalidad de las medidas que puedan afectar los derechos fundamentales, tales como la detención o la prisión provisional. Por su parte, un juez de la audiencia preliminar decidirá sobre la apertura del juicio oral. Finalmente, un tercer juez será el encargado de juzgar los hechos, asegurando que se cumpla el mandato constitucional que establece que los jueces deben limitarse a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Nuevas garantías procesales

La nueva legislación refuerza los derechos de los investigados, consolidando principios como la presunción de inocencia y la suficiencia de prueba de cargo. En cuanto a las medidas cautelares, se establece que la detención preventiva y la prisión provisional deberán ser revisadas de oficio cada seis meses. Además, se implementan medidas para proteger a las víctimas, en línea con el Estatuto de la Víctima, con el objetivo de evitar la revictimización y fomentar la justicia restaurativa. Se otorgará especial protección a menores, personas con discapacidad y aquellos en situación de vulnerabilidad durante el proceso.

Herramientas tecnológicas y nuevas figuras procesales

La LOECrim también regula la utilización de tecnologías avanzadas en las investigaciones criminales, que incluyen análisis de ADN, evidencias digitales e inteligencia artificial. Se introduce la figura del juez de garantías, quien será responsable de supervisar la duración de las investigaciones y de autorizar medidas que afecten derechos fundamentales. Asimismo, se moderniza el concepto de acusación popular, estableciendo límites sobre quién puede ejercerla, en conformidad con el artículo 125 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Una fiscalía más autónoma

La ley modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reforzando su autonomía frente al Ejecutivo. El Fiscal General del Estado tendrá un mandato de cinco años, que no coincidirá con el del Gobierno, y solo podrá ser cesado por incumplimiento grave, previa evaluación del Consejo General del Poder Judicial. Se implementará un sistema objetivo y público para la asignación de fiscales investigadores, basado en la especialización y la transparencia.

Entrada en vigor y régimen transitorio

La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Esta legislación no afectará a los procedimientos que se hayan iniciado antes de esa fecha, los cuales continuarán bajo la normativa actual. Con esta reforma, el sistema procesal penal en España se alinea con el modelo europeo, poniendo fin a una ley que ha estado vigente durante más de siglo y medio.