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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado la condena de 13 años de prisión para un empleado del Servicio Extremeño de Salud que accedió de manera indebida a los historiales médicos de varios familiares de su esposa. Esta decisión se produce tras desestimar el recurso presentado por el acusado, confirmando así la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Acceso no autorizado a datos médicos

El individuo, quien estaba empleado en un hospital de la región, tenía acceso autorizado al sistema informático sanitario conocido como “JARA Asistencial”, que se utiliza para la gestión administrativa y asistencial de los pacientes del sistema público de salud. Sin embargo, el tribunal determinó que el acusado utilizó este acceso para fines no relacionados con su labor profesional.

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos

Los hechos probados indican que, entre 2017 y mayo de 2022, el trabajador realizó accesos reiterados y sin justificación médica a la información clínica de cuatro familiares de su esposa, incluyendo a su cuñado, la esposa de este y los dos hijos del matrimonio. Estos accesos se llevaron a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas afectadas.

La sentencia subraya que el acusado había cortado la relación familiar con estas personas desde 2017, lo que refuerza la falta de cualquier motivo asistencial que pudiera justificar sus acciones. Durante el periodo de investigación, se documentaron cientos de consultas indebidas a los historiales médicos.

Impacto emocional en las víctimas

El tribunal ha considerado que estos accesos ilegítimos causaron un daño emocional significativo a tres de las personas afectadas, quienes experimentaron sentimientos de frustración, ansiedad e impotencia. Estas consecuencias han sido reconocidas como compatibles con la existencia de daño moral, lo que ha influido en la determinación de la responsabilidad civil en el caso.

Consecuencias legales y posibilidades de apelación

Por los delitos cometidos, el TSJEx ha confirmado la condena por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos por parte de un funcionario público, imponiendo una pena de tres años y tres meses de prisión por cada delito, lo que suma un total de 13 años de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá cumplir con una inhabilitación absoluta de seis años, pagar una multa de 21 meses con una cuota diaria de 8 euros y abonar 6.000 euros de indemnización a cada uno de los cuatro afectados.

Es importante señalar que la sentencia no es definitiva y se puede interponer un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.