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Antecedentes del caso

Los hechos del caso involucran una serie de mensajes intimidatorios y amenazantes enviados por un adulto a un menor a través de una aplicación de mensajería instantánea en un corto periodo de tiempo. Estas comunicaciones generaron un estado de angustia extrema en la víctima, lo que culminó en su suicidio.

La prueba digital y las garantías procesales

Un aspecto crucial del recurso de casación fue la impugnación de la validez de la prueba obtenida del dispositivo móvil de la víctima. La defensa argumentó que existían deficiencias en la cadena de custodia y la posibilidad de manipulación del contenido, invocando el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, tal como se establece en el artículo 24.1 de la Constitución Española.

El Tribunal Supremo desestimó este argumento, señalando que la mera posibilidad de manipulación no es suficiente para invalidar una prueba. En ausencia de indicios concretos de alteración, la prueba es considerada válida, y su valoración probatoria queda a cargo del tribunal. Así, se concluye que el contenido de las comunicaciones refleja de manera coherente y creíble la presión ejercida sobre la víctima en los momentos previos a su fallecimiento.

Revisión del elemento subjetivo del delito

Desde una perspectiva sustantiva, la Sala aborda la complejidad de la imputación penal en casos de suicidio inducido. Aunque se reconoce que la conducta del acusado fue objetivamente grave y generó un riesgo evidente, el Tribunal considera que no se ha demostrado de manera suficiente la existencia de dolo, ni siquiera en su modalidad eventual, que es necesaria para el delito de homicidio según el artículo 138 del Código Penal.

La sentencia destaca la dificultad de inferir una aceptación consciente del resultado letal en un contexto de comunicación exclusivamente telemática, sin contacto personal directo, lo que lleva a una reevaluación de la tipificación penal en este tipo de casos.

Fallo y consecuencias jurídicas

Como resultado de lo anterior, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso, sustituyendo la condena por homicidio doloso por una condena por un delito de imprudencia grave, en concurso con un delito de amenazas. Sin embargo, se mantiene la responsabilidad civil por el daño moral causado a los familiares de la víctima, dado que se ha acreditado el nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado producido.