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El Tribunal Supremo ha anulado una obligación impuesta en la Región de Murcia que afectaba a los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Anulación de la obligación de remitir precios

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el artículo 8 de la Orden de mayo de 2021, emitida por la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. Esta normativa obligaba a los titulares de autorizaciones VTC a enviar a la Administración un listado de los precios aplicables a sus servicios. La sentencia se basa en el recurso de casación presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), concluyendo que esta exigencia es una medida restrictiva, desproporcionada e innecesaria.

Fundamento jurídico de la decisión

El Tribunal Supremo fundamenta su decisión en el artículo 38 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de empresa dentro de una economía de mercado. Según el Alto Tribunal, la obligación de comunicar un listado de precios a la Administración representa una restricción injustificada de esta libertad, especialmente en lo que respecta a la garantía de un régimen de libre competencia.

La Sala destaca que los servicios de VTC no están sujetos a tarifas reguladas, a diferencia del servicio de taxi, que es considerado de interés general y está sometido a precios fijados administrativamente. La actividad de VTC, por su parte, se desarrolla en un marco de libre fijación de precios, lo que implica que la obligación de remitir un listado de precios podría condicionar indirectamente el modelo de negocio de estas empresas.

La naturaleza dinámica de los precios

El Tribunal también subraya la naturaleza dinámica del sistema de fijación de precios utilizado por muchas empresas VTC. Estas compañías emplean algoritmos que determinan el costo final del servicio en función de diversas variables, como la demanda, la distancia, el tráfico y la disponibilidad de vehículos en el momento de la precontratación. Esto permite que el usuario conozca el precio exacto antes de aceptar el servicio, cumpliendo así con los principios de transparencia y protección al consumidor.

Por lo tanto, el Tribunal considera innecesaria la obligación de remitir un listado de precios a la Administración, dado que el sistema de precontratación ya garantiza que el usuario tenga conocimiento anticipado del costo del servicio.

Impacto en la competencia

La sentencia también aborda el potencial efecto distorsionador que podría tener la obligación de publicar precios fijos sobre la competencia. El Tribunal advierte que tal obligación podría facilitar un alineamiento de precios entre los operadores del mismo mercado, lo que perjudicaría a los usuarios al disminuir la competencia efectiva.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la normativa autonómica no cumple con el juicio de proporcionalidad que se requiere para cualquier restricción a la libertad de empresa. La protección de los derechos de los usuarios ya está garantizada a través del sistema de precontratación, sin necesidad de imponer cargas adicionales a las empresas.