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Las organizaciones de consumidores han presentado denuncias contra las plataformas Meta, TikTok y Google, alertando sobre la proliferación de fraudes financieros en sus redes. Esta acción, respaldada por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y 29 asociaciones de 27 países, tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (Digital Services Act, DSA).

Denuncias ante la Comisión Europea

El 21 de mayo de 2026, se formalizó la denuncia tras una investigación conjunta de asociaciones de consumidores de trece países europeos. Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se identificaron aproximadamente 900 anuncios sospechosos de violar la normativa europea. Sin embargo, solo el 27 % de estos anuncios fueron eliminados por las plataformas digitales, mientras que el 52 % de las denuncias fueron desestimadas o ignoradas.

Las organizaciones de consumidores sostienen que esta inacción permite que numerosos fraudes financieros continúen operando, afectando a más de 200 millones de consumidores europeos mensualmente.

Obligaciones de la Digital Services Act

La denuncia se basa en la Digital Services Act, que establece responsabilidades claras para las plataformas digitales. Esta normativa, que busca aumentar la responsabilidad de las grandes plataformas, obliga a los operadores clasificados como “Very Large Online Platforms” a identificar y mitigar riesgos sistémicos, incluidos aquellos relacionados con estafas y publicidad engañosa.

Entre las obligaciones estipuladas se encuentran la implementación de mecanismos de supervisión efectivos, la rápida eliminación de contenido ilegal y la adopción de medidas preventivas para proteger a los consumidores.

Las asociaciones argumentan que Meta, TikTok y Google no solo responden de manera insuficiente a las denuncias recibidas, sino que también carecen de controles preventivos adecuados para detectar campañas fraudulentas antes de su difusión masiva.

Impacto económico en los consumidores europeos

Los anuncios denunciados frecuentemente promueven oportunidades de inversión fraudulentas, criptomonedas ficticias o productos financieros engañosos. A menudo, estas campañas utilizan la imagen de figuras públicas o instituciones financieras reconocidas, así como mensajes que prometen beneficios rápidos para atraer a las víctimas.

Según BEUC, estas prácticas pueden causar pérdidas económicas que varían desde cientos hasta miles de euros por consumidor afectado. Además del impacto financiero directo, las organizaciones destacan que estas situaciones afectan la confianza digital y la seguridad de los usuarios en el entorno online.

Agustín Reyna, director general de BEUC, expresó que existe una “diferencia alarmante” entre las medidas de protección que las plataformas dicen implementar y la realidad observada durante la investigación. También indicó que los operadores digitales “hacen muy poco incluso cuando son informados expresamente sobre estos fraudes”.

Investigación y posibles sanciones

Las asociaciones han solicitado a la Comisión Europea y a los Coordinadores de Servicios Digitales nacionales que realicen una investigación formal sobre las acciones de las plataformas. El objetivo es determinar si hay un incumplimiento de la DSA y, en caso afirmativo, imponer sanciones económicas.

La normativa europea prevé multas de hasta el 6 % de la facturación anual global de las empresas infractoras en caso de incumplimientos graves o reiterados. Este procedimiento podría convertirse en un caso significativo sobre la responsabilidad de las plataformas digitales desde la implementación de la DSA, además de reflejar la creciente presión regulatoria en Europa sobre las grandes empresas tecnológicas en temas relacionados con la publicidad, la protección de los consumidores y el control de riesgos digitales.