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Aprobación del Proyecto de Ley Orgánica

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley Orgánica que será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Esta normativa tiene como objetivo adaptar el ordenamiento jurídico español a las disposiciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, estableciendo un sistema nacional de supervisión, control y sanción aplicable a los sistemas de IA.

Supervisión y reparto de competencias

Uno de los aspectos clave de esta legislación es la definición de las autoridades competentes responsables de la aplicación y supervisión del Reglamento europeo. El proyecto propone un modelo de gobernanza que incluye autoridades notificantes y de vigilancia del mercado. En sectores que ya cuentan con regulaciones específicas, como maquinaria y productos sanitarios, se mantendrán las autoridades sectoriales existentes. Sin embargo, los sistemas de IA que no estén vinculados a legislación de producto, especialmente en áreas como empleo, educación o biometría, estarán bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).

Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumirán responsabilidades de supervisión en áreas relacionadas con la protección de datos y la administración de justicia. Se establecerán mecanismos de coordinación entre los distintos organismos, designando a la AESIA como el punto único de contacto para cuestiones relacionadas con la supervisión del Reglamento europeo.

Sistemas prohibidos y protección de derechos

El Reglamento de IA de la Unión Europea clasifica los sistemas de inteligencia artificial en función del nivel de riesgo que representan para los individuos. La normativa prohíbe aquellos sistemas considerados de “riesgo inaceptable”, especialmente aquellos que afectan a derechos fundamentales, seguridad o salud. Entre las nuevas prohibiciones se encuentran las que impiden la comercialización y uso de sistemas capaces de generar “deepfakes” sexuales, una medida impulsada por España y respaldada por Francia.

El texto también reafirma otras prácticas ya prohibidas por el Reglamento europeo, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad o situación socioeconómica, y los sistemas de clasificación biométrica que intentan deducir ideologías, religiones u orientaciones sexuales. Asimismo, se prohíben los mecanismos de puntuación social que evalúan a personas o grupos en función de sus comportamientos o características personales, limitando su acceso a ayudas o derechos.

Régimen sancionador y proporcionalidad

El proyecto establece un régimen sancionador que se ajusta a los principios de la Ley 40/2015. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global de la empresa infractora en los casos más severos. Para infracciones leves, las multas pueden ascender a 500.000 euros o el 0,5% de la facturación anual. Se prevén criterios de graduación que consideran la intencionalidad, reincidencia y gravedad de los daños.

Además, la norma introduce mecanismos correctivos que priorizan el cumplimiento sobre la sanción, incluyendo reducciones por pronto pago o adopción voluntaria de medidas correctoras, y considera específicamente a pequeñas y medianas empresas y startups tecnológicas.

Impulso de la IA en el sector público

El proyecto también incluye medidas para fomentar el uso de la inteligencia artificial en la Administración General del Estado, destacando la creación de un inventario público de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos. Se establece la figura del “delegado de IA”, responsable de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos tecnológicos y contratación pública. El desarrollo reglamentario de estas medidas se llevará a cabo mediante un Real Decreto posterior.

La futura ley contempla, además, programas de formación y concienciación para empleados públicos, así como la creación de entornos controlados de pruebas o “sandboxes” supervisados por la AESIA, con el objetivo de facilitar la innovación tecnológica dentro de un marco regulado.