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Un arrendatario ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real a un año de prisión tras ser hallado culpable de falsificar contratos con el fin de evitar un desahucio. Este caso subraya la importancia de la integridad en los procedimientos judiciales y las consecuencias legales de la falsificación de documentos.

Detalles del caso

La sentencia, emitida el 29 de abril de 2026 (Sentencia nº 84/2026), establece que el arrendatario utilizó firmas falsificadas en contratos para impedir el desalojo solicitado por los herederos de la propietaria fallecida. Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a los perjudicados con un total de 17.262,91 euros, más los intereses legales correspondientes.

Contexto de la falsificación de contratos

Los hechos se remontan a 1998, cuando el acusado firmó un contrato de arrendamiento rústico por un periodo de diez años sobre ocho fincas dedicadas al cultivo de olivar, cereal y viña. Tras el fallecimiento de la arrendadora en 2011, los herederos reclamaron la devolución de las tierras, argumentando que el contrato había expirado.

No obstante, el arrendatario se negó a abandonar las fincas y, durante un acto de conciliación en 2013, presentó dos contratos supuestamente firmados en 2002 que extendían el arrendamiento por treinta años. La Audiencia ha determinado que las firmas atribuidas a la propietaria fueron falsificadas y que el acusado era consciente de esta falsedad.

Procedimiento judicial y estafa procesal

Los herederos iniciaron un procedimiento de desahucio por impago. Aunque inicialmente obtuvieron una sentencia favorable, esta fue revocada en apelación en 2015 debido a la confusión sobre el contrato vigente, resultado de la presentación de los documentos falsificados. Esto llevó a los propietarios a iniciar un nuevo procedimiento civil para declarar nulos los contratos de 2002.

Finalmente, ante la negativa del arrendatario a desocupar las fincas, se requirió un lanzamiento judicial en 2022 para devolver la posesión a los herederos. La Audiencia consideró que la conducta del acusado cumplía con los elementos del delito de estafa procesal, ya que utilizó documentos falsos para inducir a error al tribunal y retrasar la recuperación de las fincas, causando un perjuicio económico significativo.

Importancia de la prueba pericial caligráfica

Un aspecto relevante de la sentencia es el análisis de la prueba pericial caligráfica. Los magistrados señalaron que esta disciplina no cuenta con una regulación oficial, lo que puede dar lugar a informes contradictorios debido a diferentes metodologías entre peritos. Sin embargo, el tribunal valoró más el informe de la perito judicial, quien tuvo acceso a una mayor cantidad de documentos indubitados para comparar las firmas. Con base en esto, concluyó que las firmas de la arrendadora habían sido falsificadas y que el acusado era consciente de esta falsedad al presentar los contratos ante el tribunal.

Consecuencias y apelación

La Audiencia Provincial impuso un año de prisión al acusado, considerando la atenuante de dilaciones indebidas, además de la responsabilidad civil correspondiente. Esta resolución refuerza la protección de la administración de justicia frente al uso fraudulento de documentos en procedimientos judiciales, una conducta que el Código Penal sanciona debido a su impacto en el patrimonio de los perjudicados y en el correcto funcionamiento de los tribunales.

Es importante señalar que la sentencia no es firme y puede ser objeto de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.