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El siguiente artículo detalla un caso reciente en el que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ratificado una condena de un año de prisión por el delito de intento de estafa procesal, relacionado con la presentación de una factura falsa en un contexto judicial. 

Confirmación de la condena por intento de estafa procesal

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha validado la sentencia que impone una pena de un año de prisión a un individuo por un delito de intento de estafa procesal. Este caso se centra en la presentación de una factura privada falsa durante un procedimiento judicial, donde el condenado intentó demostrar que había pagado los honorarios de su abogado con el fin de eludir el pago de la minuta correspondiente a la procuradora que lo había representado en una demanda laboral.

Detalles de la deuda con la procuradora

Los acontecimientos se desencadenaron por un impago de 309,43 euros, que correspondía a los servicios profesionales prestados por la procuradora. A pesar de los múltiples requerimientos de pago realizados a través de carta, teléfono y medios telemáticos, el condenado no cumplió con su obligación de pago.

Ante la falta de respuesta, la procuradora se vio obligada a iniciar un procedimiento de jura de cuentas para reclamar judicialmente los honorarios pendientes. Durante este proceso, el acusado presentó un documento en el que afirmaba haber saldado la deuda con su abogado.

La falsificación de la factura

Para respaldar su alegación, el condenado presentó una factura por un monto de 2.077,60 euros, que supuestamente estaba firmada digitalmente por su abogado y que indicaba el concepto de "minuta de honorarios profesionales". Sin embargo, el abogado negó haber emitido o firmado dicho documento, lo que llevó al tribunal a considerar que existía una intención de engañar.

Evaluación del tribunal sobre la intención de engañar

La defensa del condenado cuestionó la falta de claridad en la sentencia respecto a cómo se había falsificado la factura. No obstante, el TSJR desestimó este argumento, afirmando que el acusado contaba con los medios necesarios para crear y presentar el documento, incluyendo el uso de correo electrónico y WhatsApp.

Los magistrados subrayaron un aspecto crucial: fue el propio acusado quien introdujo la factura en el procedimiento judicial, y este documento tenía el potencial de favorecer su posición en el caso. Según el tribunal, su actuación buscaba influir en una resolución judicial que perjudicara a la procuradora, aunque finalmente no logró su objetivo, ya que la profesional recibió el pago completo de la cantidad reclamada.

Obligación de pago de honorarios

La resolución del tribunal también establece que el condenado era consciente de su obligación de pagar por separado los honorarios del abogado y de la procuradora, ya que ambos profesionales le habían informado de esta situación y le habían emitido facturas independientes. Este aspecto es fundamental, ya que descarta la posibilidad de que el acusado pensara que el pago realizado al abogado extinguía su deuda con la procuradora.

Posibilidad de recurso

El TSJR concluyó que la sentencia de la Audiencia Provincial había evaluado de manera exhaustiva las pruebas presentadas durante el juicio y había justificado adecuadamente la calificación jurídica de los hechos como intento de estafa procesal vinculado a la falsificación de un documento privado. Sin embargo, la resolución del tribunal no es definitiva, ya que el condenado aún tiene la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.