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Pontevedra castiga el fraude a fondos europeos de investigación con prisión
La Audiencia de Pontevedra condena por fraude a fondos europeos de investigación
En 2012, Innaves, S.A., empresa de Porriño dedicada a la investigación alimentaria, se convirtió en coordinadora del proyecto FOFIND. El proyecto estaba financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. Años después, ese proyecto acabaría en una condena por fraude a fondos europeos de investigación.
El consorcio integraba, además de Innaves, otras siete entidades de España, Alemania, Polonia y Suecia. Entre ellas figuraban el CSIC, el Hospital Povisa y la Universidade de Vigo.
La financiación y su reparto irregular
Entre 2012 y 2015, Innaves recibió de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) la práctica totalidad de la financiación: 1.245.605,10 euros. Debía distribuir la mayor parte entre los demás miembros del consorcio.
Sin embargo, solo transfirió 218.434,69 euros a los demás participantes. Obtuvo, en cambio, el reconocimiento de gastos propios por 320.417,78 euros.
El descubrimiento del fraude a fondos europeos de investigación
Tras asumir el CSIC la coordinación, la REA practicó una auditoría. Determinó que 706.752,63 euros no habían sido destinados a su finalidad ni correctamente justificados.
El Ministerio Fiscal, con la adhesión de la REA como acusación particular, calificó los hechos como fraude a los presupuestos de la Unión Europea. La defensa solicitó la libre absolución.
El proceso judicial
El tribunal rechazó primero la prescripción alegada por la defensa. El delito, razonó, no se consuma con la recepción de los fondos, sino con el incumplimiento definitivo de las obligaciones de reparto.
Analizó después la prueba del fraude a fondos europeos de investigación: ensayos clínicos no realizados y desarrollos fallidos. Valoró también declaraciones de investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
La condena por fraude a fondos europeos de investigación
La Audiencia impuso finalmente dos años de prisión, una multa de 750.000 euros y la pérdida de subvenciones públicas durante cuatro años.
Condenó también a indemnizar a la Unión Europea en 706.752,63 euros. Absolvió, en cambio, de apropiación indebida y falsedad de cuentas anuales.
El fallo
La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
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