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Trabajos en beneficio de la comunidad: cronología de un caso que el Supremo resuelve en casación

Los trabajos en beneficio de la comunidad no obligan a sustituir una pena de prisión motivada. Así lo confirma la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta cronología repasa el caso desde la agresión de febrero de 2023 hasta la sentencia.

Febrero de 2023: la agresión

En el domicilio familiar de una localidad navarra, el acusado insultó a su esposa. La agarró del pelo y se lo sacudió hasta que ella gritó de dolor.

El hijo menor del matrimonio, de ocho años, bajó al oír los gritos. No llegó a presenciar la agresión.

La mujer salió de la vivienda con el niño. Con ayuda del hijo mayor, avisó a la policía.

La condena en juicio rápido

El Juzgado de lo Penal n.º 5 de Pamplona lo condenó por dos delitos. El primero, de maltrato en el ámbito de la violencia de género, según el artículo 153.1 y 3 del Código Penal.

Le impuso un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo. Le privó del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. Le prohibió aproximarse a la víctima y comunicarse con ella durante dos años.

El segundo fue un delito leve de injurias y vejaciones injustas, del artículo 173.4. Le impuso veinte días de localización permanente.

Además, debía indemnizar a la víctima con 200 euros.

La apelación

La Audiencia Provincial de Navarra confirmó íntegramente la sentencia.

El recurso de casación

El condenado recurrió en casación con dos motivos. Pedía que la prisión se sustituyera por trabajos en beneficio de la comunidad, que afirmaba aceptar.

El Supremo inadmite el motivo de presunción de inocencia. Contra las sentencias de apelación de las Audiencias, el artículo 847.1.b) de la LECrim solo permite el recurso por infracción de ley del artículo 849.1. Debe tener interés casacional y respetar los hechos probados.

El Pleno no jurisdiccional de 9 de junio de 2016 excluye las infracciones procesales y constitucionales.

Trabajos en beneficio de la comunidad: lo que alegaba el recurrente

En el motivo admitido denunciaba la infracción del artículo 49 del Código Penal. El delito del artículo 153 prevé como alternativas la prisión o los trabajos. Sostenía que debió imponerse la segunda por ser menos gravosa.

Alegaba que no se motivó la elección de la prisión y que no se le preguntó si consentía los trabajos. Rechazar la conformidad, añadía, solo respondía a su voluntad de defender su inocencia.

La respuesta del Supremo

El artículo 49 exige el consentimiento del penado como presupuesto necesario. Ese requisito no convierte los trabajos en una pena preferente. Tampoco obliga a elegirlos cuando el condenado los acepta, aunque sea tardíamente.

La sentencia 413/2022 explica que esta pena se introdujo en 1995 como alternativa a las penas cortas de prisión. Sin consentimiento, imponer un trabajo chocaría con la dignidad de la persona y con el artículo 15 de la Constitución.

El acusado puede adelantar su conformidad en su escrito de defensa o en el juicio, sin aceptar la acusación. Si no lo hace, el tribunal solo debe indagar su voluntad cuando considere los trabajos la opción más adecuada.

Trabajos en beneficio de la comunidad: el fallo

En este caso no se impusieron trabajos en beneficio de la comunidad, así que la falta de indagación no infringió el artículo 49. La cuestión decisiva es si la prisión fue legal y estuvo motivada.

La magistrada expuso por qué optaba por la prisión. Valoró que la agresión se produjo en el domicilio familiar, con el hijo de ocho años en la vivienda, sin provocación de la víctima. Valoró también los antecedentes por quebrantamiento con la misma mujer.

La condena no se basó en una falta de consentimiento, sino en la gravedad de los hechos. El Supremo desestima el recurso.