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En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha establecido directrices sobre la imposición de sanciones tributarias relacionadas con la emisión de facturas falsas. La decisión, contenida en la Sentencia 1.166/2026, del 20 de octubre, aclara que no es procedente aplicar un incremento del 100 % en las sanciones cuando las facturas en cuestión provienen de la simulación de actividades económicas y la regularización de las mismas anula las operaciones que justificaban las obligaciones de facturación.

Este pronunciamiento se produce tras desestimar el recurso de casación presentado por la Administración General del Estado.

Contexto del procedimiento sancionador por actividad simulada

El origen de este litigio se encuentra en un proceso de regularización tributaria vinculado a una actividad de transporte de mercancías por carretera. En este caso, varios socios de una sociedad mercantil aparecían formalmente como titulares independientes de dicha actividad, tributando bajo el régimen de estimación objetiva. Sin embargo, la Administración tributaria determinó que esta distribución era ficticia, concluyendo que no existían actividades económicas independientes, sino una única actividad empresarial centralizada en la sociedad.

Esta estructura permitió la emisión de facturas que no reflejaban operaciones económicas reales, lo que a su vez facilitó que la sociedad dedujera cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades que no correspondían a la realidad. Como resultado de las inspecciones, se regularizaron las obligaciones tributarias de uno de los socios, quien recibió una sanción por la emisión de facturas con datos falsos, conforme al artículo 201.3 de la Ley General Tributaria. Inicialmente, la sanción superó los 800.000 euros, a la que se le aplicó un incremento del 100 % por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

Controversia en la Audiencia Nacional

El contribuyente impugnó la sanción ante los órganos económico-administrativos y, posteriormente, ante la Audiencia Nacional. Este tribunal consideró parcialmente el recurso y rechazó la aplicación del incremento del 100 %. Argumentó que, tras determinar la inexistencia de una actividad económica independiente, las operaciones anuladas por la regularización no podían considerarse sujetas a obligaciones de facturación para los tributos y periodos verificados.

La Administración General del Estado apeló esta decisión en casación, sosteniendo que la falta de operaciones reales no impedía reconocer un incumplimiento sustancial, dado que la emisión de facturas falsas representaba, precisamente, el incumplimiento máximo de las obligaciones de facturación.

Decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación y ha respaldado el criterio de la Audiencia Nacional. La Sala ha recordado que el artículo 201.5 de la LGT permite un incremento del 100 % en la sanción cuando se presenta un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación. Para determinar la existencia de tal incumplimiento, el artículo 187.1.c) de la LGT establece que debe afectar a más del 20 % del importe de las operaciones sujetas a la obligación de facturación o que impida a la Administración conocer su importe.

No obstante, el Tribunal ha considerado relevante que la regularización haya anulado las operaciones realizadas entre los socios y la sociedad, al evidenciar que no existía una actividad económica independiente. Por lo tanto, no se puede aplicar el incremento cuando las facturas sancionadas derivan de una actividad simulada y las operaciones han sido anuladas en relación con los mismos tributos y periodos objeto de verificación.