Noticias legislación

El reciente cambio legislativo en el ámbito de la vivienda ha sido significativo, con la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 por parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Este decreto busca implementar medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y aumentar la disponibilidad de opciones de vivienda asequible. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta nueva normativa y la derogación de la anterior.

Convalidación del Real Decreto-ley 29/2026

El 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente del Congreso aprobó el Real Decreto-ley 29/2026 con un resultado de 35 votos a favor y 34 en contra. Este decreto se centra en la protección de la función social de la vivienda y en la ampliación de la oferta de vivienda asequible, destacando la importancia de estas medidas en el contexto actual del mercado inmobiliario.

Derogación del Real Decreto-ley 28/2026

En contraste, el Real Decreto-ley 28/2026, que tenía como objetivo reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, fue derogado. Esta norma proponía una modificación del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para extender la duración de los contratos de arrendamiento más allá de su periodo mínimo legal. En particular, preveía prórrogas sucesivas de cinco años, o siete si el arrendador era una persona jurídica, salvo que alguna de las partes manifestara su intención de no renovarlo. También se incluía una compensación económica para los arrendatarios en caso de que el propietario decidiera no prorrogar el contrato, calculada en función de ciertos parámetros.

Nuevas medidas para la vivienda asequible

El Real Decreto-ley 29/2026 introduce una serie de medidas para intervenir en el mercado residencial y facilitar el acceso a la vivienda. Entre estas medidas se encuentra la limitación temporal de ciertas adquisiciones de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030, así como la suspensión de procedimientos de desahucio que afecten a personas vulnerables sin alternativas habitacionales. Además, se abordan aspectos relacionados con los arrendatarios y la acreditación de la condición de gran tenedor, junto con modificaciones fiscales que impactan en el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Financiación y acceso a la primera vivienda

El nuevo decreto también incluye instrumentos financieros destinados a aumentar el parque público de viviendas y fomentar el alquiler social y asequible. Se prevé una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros y otra de hasta 280 millones para financiar pequeñas y medianas empresas relacionadas con la construcción industrializada. Además, se establece el Fondo de Vivienda de Impacto Social y el mecanismo TU CASA, que ofrecerá préstamos sin intereses ni comisiones para la adquisición de la primera vivienda habitual hipotecada, con un límite que será el menor entre el 20 % del valor del inmueble y 50.000 euros.

La convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 asegura la continuidad de un conjunto de medidas orientadas a mejorar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a la misma, mientras que la derogación del Real Decreto-ley 28/2026 impide la implementación de un nuevo régimen de prórrogas extraordinarias que se había propuesto anteriormente.