Los datos personales como forma de pago: la Abogada General del TJUE cuestiona la gratuidad de los servicios digitales

19/11/2026

La reciente opinión de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Laila Medina, plantea un debate sobre la naturaleza de los servicios digitales y la compensación que los usuarios ofrecen a cambio de su uso. Medina argumenta que las plataformas digitales no pueden calificar sus servicios como gratuitos si requieren que los usuarios proporcionen sus datos personales para su explotación comercial. Esta postura se expone en sus conclusiones del 19 de noviembre de 2026, en el caso C-643/25, que involucra a la Verbraucherzentrale Bundesverband y el servicio digital «gratuito» de Facebook.

El origen del conflicto: Facebook y su supuesta gratuidad

El caso se remonta a febrero de 2015, cuando la página de registro de Facebook, operada en la Unión Europea por Meta Platforms Ireland, afirmaba que «Facebook es gratis y lo será siempre». Esta declaración fue cuestionada por la Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores de Alemania, que argumentó que el acceso a la red social estaba condicionado a la entrega de datos personales y al consentimiento para su uso comercial. Por lo tanto, sostenían que los usuarios estaban proporcionando una contraprestación, aunque no en términos monetarios.

Inicialmente, los tribunales alemanes desestimaron la reclamación, argumentando que la prohibición de presentar un servicio como gratuito solo se aplicaba en situaciones donde existía un pago en efectivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para esclarecer el alcance de esta prohibición.

Los datos personales como contraprestación económica

La Abogada General Medina sugiere que la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales debe interpretarse de manera que la entrega de datos personales y el consentimiento para su uso comercial se consideren una forma de pago. Su razonamiento se basa en que la normativa europea no limita el concepto de pago a transacciones monetarias. La interpretación debe considerar el contexto y los objetivos de protección al consumidor que persigue la Directiva.

En este contexto, los datos personales poseen un valor económico para las plataformas digitales, ya que facilitan la generación de ingresos publicitarios y la financiación de sus servicios. Además, el hecho de que los usuarios mantengan la propiedad de sus datos no impide que su uso comercial pueda ser considerado una contraprestación.

Medina introduce una excepción importante: un servicio puede ser considerado gratuito si los datos se utilizan únicamente para garantizar su prestación o para cumplir con obligaciones legales, sin fines comerciales.

La protección de los consumidores frente a la publicidad engañosa

Las conclusiones de Medina también están respaldadas por otras normativas europeas, como la Directiva sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Ambas reconocen modelos de negocio donde los usuarios acceden a servicios digitales a cambio de proporcionar sus datos personales.

Además, Medina argumenta que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no excluye la aplicación de la normativa sobre prácticas comerciales desleales. Ambos marcos legales persiguen objetivos diferentes y pueden coexistir: uno regula el tratamiento de datos personales y el otro aborda la veracidad de las declaraciones comerciales.

Libertad empresarial y transparencia comercial

La interpretación propuesta por Medina no impide que las empresas ofrezcan servicios a cambio de datos personales, sino que exige que no se presenten como gratuitos cuando existe una contraprestación comercial. Finalmente, la Abogada General señala que esta práctica está prohibida en cualquier circunstancia, por lo que no es necesario demostrar que el consumidor medio fue inducido a error.

Es importante destacar que estas conclusiones aún no constituyen una sentencia vinculante. Ahora corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre el asunto y establecer el alcance definitivo de esta interpretación en relación con los servicios digitales.